Vivienda

El derecho a vivir en Canarias

Un derecho que nos están robando

Un modelo que expulsa a la gente

El problema no es que falten casas. El problema es un modelo que trata la vivienda como un negocio y no como un derecho. Fondos buitre, grandes propietarios y un turismo desregulado están vaciando los barrios para convertirlos en productos financieros.

1. Zonas tensionadas

Declarar zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler y proteger a quienes viven en los barrios.

2. Parque público

Crear un parque público de vivienda en alquiler social en todas las islas.

3. Control del alquiler vacacional

Limitar el uso turístico de viviendas en zonas residenciales.

4. Defensa ante desahucios

Servicios públicos para frenar desahucios y garantizar alternativas habitacionales a las familias vulnerables.

Una burbuja creada para especular

La masificación turística está expulsando a la gente de sus casas

En Canarias, el problema de la vivienda no es una fatalidad ni una cuestión técnica: es el resultado directo de un modelo económico basado en la masificación turística y la especulación inmobiliaria, impulsado y protegido por quienes llevan décadas gobernando las islas.

Mientras miles de familias canarias no pueden pagar un alquiler o son expulsadas de sus viviendas, decenas de miles de pisos se destinan al alquiler vacacional o permanecen vacíos esperando revalorizarse. Lo que antes eran hogares de nuestros abuelos y abuelas, barrios vivos y comunidades estables, hoy se han convertido en activos financieros para fondos de inversión, grandes fortunas y compradores extranjeros.

Coalición Canaria y sus socios han elegido no intervenir. Han bloqueado la declaración de zonas tensionadas, han permitido que el alquiler vacacional crezca sin límites y han renunciado a aplicar de forma efectiva la Ley de Vivienda. Esa inacción no es neutral: beneficia a quienes especulan y castiga a quienes viven y trabajan en Canarias.

El resultado es una paradoja cruel:
mientras más de un 20 % del parque de viviendas está vacío o infrautilizado, Canarias registra récords de personas sin hogar, jóvenes que no pueden emanciparse y familias desplazadas de sus barrios. No faltan casas. Falta voluntad política para ponerlas al servicio de la gente.

La masificación turística ha convertido la vivienda en un producto para maximizar beneficios, no en un derecho. Y la negativa de Coalición Canaria a regular el mercado ha abierto la puerta a una colonización inmobiliaria que expulsa a la población local y rompe el tejido social de nuestras islas.

Defender la vivienda hoy es defender el derecho a seguir viviendo en Canarias.

Un plan de choque para que vivir en Canarias vuelva a ser posible

Frente a un Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular que, a este ritmo, tardaría más de cuatro siglos en cubrir la demanda actual de vivienda, Podemos Canarias defiende un plan inmediato para garantizar que la vivienda vuelva a cumplir su función social: ser hogares y no activos financieros.

1️⃣ Tope legal al alquiler según el salario

Nadie en Canarias debe pagar más del 30 % de su sueldo por vivir. El alquiler máximo se fijará en función del salario medio insular.

2️⃣ Declaración inmediata de zonas tensionadas

Aplicación real de la Ley de Vivienda para limitar precios y frenar subidas abusivas en barrios y municipios colapsados.

3️⃣ Inmobiliaria Pública Canaria

Creación de una empresa pública que compre, rehabilite y gestione viviendas para destinarlas al alquiler social.

4️⃣ Expropiación de viviendas de fondos buitre

Requisa de pisos de SAREB, Blackstone y grandes fondos que lleven más de 12 meses vacíos para ponerlos en alquiler público.

5️⃣ Impuesto fuerte a la vivienda vacía

Gravamen del 40–60 % anual a grandes tenedores que mantengan pisos cerrados mientras hay familias sin casa.

6️⃣ Alquiler Joven Cero

Los jóvenes canarios menores de 35 años con ingresos bajos no pagarán alquiler durante los dos primeros años de emancipación.

7️⃣ Moratoria total al alquiler vacacional

ongelación inmediata de nuevas licencias en zonas residenciales y turísticas saturadas.

8️⃣ Reversión de viviendas turísticas

Devolver al mercado residencial miles de viviendas hoy destinadas al alquiler turístico en bloques de vecinos.

9️⃣ Plan de choque de vivienda pública

Compra masiva de viviendas ya construidas y construcción industrializada para crear miles de pisos públicos al año.

🔟 Oficina Canaria Anti-Desahucios

Servicio público con abogados y mediadores para frenar lanzamientos y garantizar alternativa habitacional.

1️⃣1️⃣ Prioridad para la gente de Canarias

Limitación fiscal y regulatoria a la compra especulativa por no residentes y grandes fortunas.

1️⃣2️⃣ Vivienda como derecho constitucional canario

Blindaje legal para que ninguna vivienda pueda usarse contra su función social.

Canarias no tiene una crisis de vivienda. Tiene una crisis de abandono político.

Mientras miles de viviendas permanecen vacías o se destinan al alquiler turístico, Tenerife vive una emergencia social sin precedentes. En solo un año, el número de personas sin hogar ha aumentado un 23%, alcanzando las 2.838 personas, la cifra más alta registrada en la isla. Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en el epicentro de esta tragedia, con casi cuatro de cada diez personas sin hogar de toda la isla y unos servicios sociales saturados al 98%.

Y esta es una isla, en Lanzarote los números son mucho peores. No es un accidente. Es el resultado de un modelo que prioriza el negocio turístico y la especulación inmobiliaria sobre el derecho a vivir. La falta de vivienda pública, la permisividad con el alquiler vacacional y la negativa de los gobiernos de Coalición Canaria y Partido Popular a regular el mercado han empujado a miles de personas a la exclusión residencial extrema.

Hoy, mientras una de cada cinco viviendas está vacía o infrautilizada, Canarias registra récords de indigencia, desahucios y jóvenes que no pueden emanciparse. No faltan casas. Faltan gobiernos que estén dispuestos a enfrentarse a quienes hacen negocio con ellas.